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domingo, 21 de abril de 2019

Cómo Bashar al-Asad nos ha arrebatado su Siria homogénea

Texto original: Al-Jumhuriya

Autora: Sawsan Abou Zainedin

Fecha: 18/04/2019

Aliaa Aboukhaddour

Bashar al-Asad ha logrado tener su Siria homogénea. Lo dijo hace unos dos años, el 20 de agosto de 2017. Se lamentó apresuradamente por la pérdida de los “mejores” jóvenes del país y de una infraestructura que había costado “el dinero y sudor de varias generaciones”, pero tranquilizó a sus masas diciendo que había ganado una Siria “más sana y homogénea en el sentido literal, y no en el sentido retórico o en el lenguaje de los cumplidos”. Aseguró, además, que “la orientación futura de la política siria se basará en seguir luchando contra los terroristas y aplastarlos en todas partes, así como en las reconciliaciones nacionales que han demostrado su efectividad en sus diferentes formas”, y en “seguir con los contactos en el exterior y el mantenimiento de la economía, que ha entrado en la etapa de recuperación”.

Unos pocos meses después de ese discurso, Bashar al-Asad impondría el asedio a Al-Guta oriental en Damasco, “la aplastaría”, la destruiría y la dejaría reducida a escombros, atacaría a su gente con armas químicas, y los perseguiría barrio por barrio. Lanzaría ataques contra sus refugios, enviaría a sus tropas a tomar fotografías para el recuerdo con los rostros atemorizados en el interior de esos refugios, y después, “se reconciliaría con ellos”. Les daría a elegir entre el exilio forzado en sus autobuses verdes hacia el norte de Siria, al otro lado de la frontera de su Siria homogénea, o fusionarlos en su territorio, donde serían llevados a centros de acogida, donde serían detenidos y torturados hasta la muerte, y donde gritarían “en cuerpo y alma (nos sacrificamos)” por Bashar al-Asad, y después serían enviados a la guerra en su nombre y bajo su bandera… Lucharían para ampliar las fronteras de su Siria homogénea.

Bashar al-Asad había “aplastado” ya la zona histórica de Homs, Yarmuk, Daraya, el barrio Al-Waer de Homs, Moaddamiya, Al-Tall, Khan al-Sheikh, Alepo oriental, Wadi Barada, Zabadani, Madaya, Al-Qabun y Berze[1], y “aplastaría” después los barrios restantes del sur rebelde de Damasco, la zona rural norte de Homs y Daraa. “Se reconciliaría” con su gente ofreciéndoles sus dos alternativas, y después, pasaría a iniciar una nueva fase del diseño de sus fronteras en los frentes de Idleb, continuando su batalla por la imposición de la homogeneidad.

Los investigadores especializados en urbanismo dicen que la imposición de la homogeneidad es una forma de exterminio, llamado urbicidio [2], en un intento de establecer un paralelismo con el genocidio desde una perspectiva urbanística. El urbicidio es uno de los nuevos tipos de guerra que se libran en nombre de las políticas de identidad. No es una guerra que se declare contra las ciudades en un intento de dominarlas geopolíticamente, sino una guerra que se libra por medio de las ciudades, que las manipula y que hace de sus calles, plazas, zonas residenciales y redes de suministro de electricidad y agua instrumentos que se amoldan para acabar con uno de los grupos que la habitan, diferente por razón de religión, etnia, nación o política, o incluso económica, con el fin de alcanzar una sociedad homogénea, en la que no hay sitio para el diferente. La imposición de la homogeneidad es una forma de exterminio.

El concepto de urbicidio se introdujo inicialmente para referirse a los enormes proyectos de desarrollo urbanístico que derribaron los barrios de Nueva York desde los cincuenta del siglo pasado, dejando a su paso grandes núcleos de residentes trasladados forzosamente y despojados de su memoria urbanística: habitantes de viviendas irregulares o viviendas ilegales o, en el mejor de los casos, de zonas marginales antes de ser borrados de la faz de la tierra -como daño colateral- para dar servicio a zonas más importantes. A pesar de que el término estuvo en auge en los sesenta y setenta, tras escribir sobre él Ada Louise Huxtable en el New York Timesen 1968 [3], se cree que lo acuñó Marshall Berman [4], que se refirió a las víctimas de estos proyectos de desarrollo urbanístico en 1987 así: “Son las víctimas de un gran crimen sin nombre. Pongámosle nombre ahora. Llamémoslo urbicidio: el asesinato de la ciudad”. [5]

Desde entonces, se ha extendido el uso del concepto en varios lugares de la geografía mundial y en múltiples contextos, entre los más conocidos, la guerra de Bosnia, la guerra civil libanesa y las políticas israelíes contra los palestinos. El concepto se ha manifestado en estos contextos mediante diferentes prácticas, entre ellas, la que se basa en la dimensión material de las ciudades con su doble faceta destructiva y constructiva, así como lo que tiene que ver con la paralización de la vida en dichas ciudades. Lo que une a estas prácticas es su lógica política intrínseca y que pretende imponer la homogeneidad y acabar con el otro diferente que hace de la diversidad un peligro que amenaza a dichas ciudades.

Desde esta perspectiva, el discurso de Bashar al-Asad de 2017 fue una confesión velada de que su guerra en Siria era una forma de urbicidio. Se trata de un asesinato urbanístico en el que se militarizó la organización espacial de la ciudad de forma sistemática desde el primer día de la revolución -o incluso antes- para iniciar la guerra y escalarla, con el objetivo de preparar el territorio para una Siria homogénea tras la guerra. La Siria de la que se ha erradicado a todo aquel que impregnara su identidad con adscripciones religiosas, geográficas o agitaciones políticas, o incluso aquellos a quienes su clase social o situación económica no les permitiera adquirir un sitio propio en el país, sitio que sería ofrecido a los secuaces de la élite política, social o económica en forma de terreno en el que invertir.

La historia del urbicidio en Siria comienza con los muros recubiertos de las consignas “Asad o quemamos el país”. “El país” que el régimen quiere es un país definido por Asad. Las ciudades que decidan definirse por cualquier otra adscripción serán quemadas y serán testigo del asesinato que comenzará con sus casas, calles, plazas, redes eléctricas y terrenos, y terminará convirtiéndolas en parte del todo homogéneo, aunque sean ciudades fantasma.

El asesinato de los sitios: la destrucción arbitraria sistemática

No se puede decir que la ingente destrucción en Siria sea mero resultado de las operaciones militares, pues el volumen de destrucción y su expansión geográfica, lejos de los frentes y en el corazón de los barrios residenciales y sus centros de servicios, exclusivamente en los bastiones de la revolución, y en las zonas con dimensión estratégica política y económica -además del hecho de que la mayor parte de esa destrucción se ha producido mediante barriles explosivos, cuya destrucción es totalmente al azar, y no con armas de precisión en la selección de objetivos- sugiere que esta destrucción no es arbitraria ni ha sido un daño colateral de operaciones militares concretas, sino que es un instrumento de la guerra por la homogeneidad.

Homs, la mitad de la cual ha sido destruida, es un buen ejemplo. Se dice que el objetivo de la destrucción en dicha ciudad eran las zonas que estaban incluidas en un proyecto de planificación urbanística problemático que había sido planteado en 2007 por el gobernador de Homs en aquel momento, Iyad Gazal, denominado “el sueño de Homs” [6]. “El sueño de Homs” tenía por objetivo las zonas pobres, las de construcción irregular y las construcciones ilegales, además de algunas zonas del centro de la ciudad. El proyecto provocó una gran polémica entre los habitantes de la ciudad porque implicaba la posibilidad de que sus terrenos fueran expropiados y sus propiedades destruidas, y que se firmaran contratos inmobiliarios sospechosos so pretexto de desarrollar, expandir y modernizar el centro de la ciudad. Dichas protestas populares vinieron acompañadas de concentraciones y lemas que exigían a las autoridades locales “que no se abonen los jardines de Homs con la sangre de sus dueños”, haciendo referencia al hecho de que un agravamiento en la situación llevaría al derramamiento de sangre. A pesar de que las autoridades locales aseguraron a los ciudadanos que el proyecto no conllevaría la confiscación de sus tierras de forma arbitraria, en un intento de contener su enfado, el gobierno comenzó a expropiar terrenos en 2009, y continuó preparándose para implementar el plan hasta que se inició la revolución en 2011. Esta eventualidad conllevó la paralización temporal del plan y la destitución de Iyad Gazal, para intentar contener la ira hasta que se pudiera garantizar la seguridad.

Muchos de los habitantes de Homs consideran que la destrucción posterior de la ciudad era en realidad un intento de imponer disposiciones urbanísticas que revivieran el proyecto del “sueño de Homs”, pero en el contexto político, y de forma que se pudiera invertir en las exacerbadas divisiones sectarias, de clase y regionales. El asedio y vaciado sistemático de Homs de los años 2012 y 2014, por medio de violentas operaciones militares y acuerdos de exilio forzado en barrios que, en su mayoría, estaban incluidos en el plan de organización del “sueño de Homs” apoyan su hipótesis. El mapa de la destrucción sistemática en Homs [7] dibuja con claridad una curva que comienza por la esquina nororiental de la ciudad, cruza el centro de la ciudad y termina en la zona suroriental, pasando en su mayoría por los barrios de mayoría suní, paralelos a los barrios alauíes, que se han mantenido en gran medida “en buen estado”.

Bab al-Sibaa, Al-Qusur, Baba Amro y Al-Khalidiya son barrios de mayoría suní que han sido testigos de la misma narrativa de destrucción y exilio forzado. La batalla de Baba Amro en sí misma, que se prolongó durante un mes, provocó el exilio de más de 50.000 vecinos del barrio y dejó a su paso la demolición de 600 edificios, más de 200 de los cuales estaban totalmente destruidos. Mientras tanto, los barrios de Firdaus, Al-Ghuta y Al-Mahatta, donde se concentraba la mayor parte de apoyos del régimen y sus centros de seguridad se salvaron de la destrucción, salvo excepciones puntuales. Al-Khalidiya, uno de los barrios más destacados del “sueño de homs”, vivió la destrucción de más de 1.250 edificios y dos mezquitas, una de ellas la de Khaled ibn al-Walid, uno de los símbolos de la ciudad. En Bab al-Dreib, Bab Hud y Bab Tadmor, el corazón y centro comercial de la ciudad y uno de los barrios del plan “El sueño de Homs”, con su mayoría suní, vieron el derrumbamiento de más de 1.200 edificios, incluidos 15 mercados locales.

Para agravar la situación aún más, desde la recuperación por parte del régimen del control sobre estos barrios, no se ha permitido a sus habitantes regresar a lo que queda en pie de sus casas, más que en momentos muy determinados, exclusivamente para recoger aquellas pertenencias que aún estuvieran allí. En 2014 [8], los vecinos de Al-Hamidiya, Al-Qusur y Al-Qarabis pudieron regresar a sus casas, pero la ONU, bajo supervisión del régimen había comenzado únicamente la rehabilitación del barrio de Al-Hamidiya, de mayoría cristiana, mientras que había dejado fuera al resto de barrios. En 2015, el régimen anunció a través de sus medios oficiales que la reconstrucción de las zonas ilegales en Homs se realizaría según lo estipulado en “El sueño de Homs”, y de conformidad con el decreto 66 (que es problemático en sí mismo, como veremos más adelante), que ofrece el marco legal a dicha operación de construcción, reforzando la hipótesis sectaria, regional y de clase en la reconstrucción de Homs y su sueño.

El asesinato de las casas: destrucción sistemática

Entre los años 2012 y 2013, el Ejército Árabe Sirio irrumpió con sus buldócer y explosivos en los barrios residenciales que habían presenciado movilizaciones revolucionarias en Hama y Damasco, antes de tomar el control de los mismos y anunciar el fin del enfrentamiento. Siete barrios al completo, con una extensión de unos 200 campos de fútbol, habían quedado reducidos a escombros, y sus vecinos habían sido expulsados sin ningún tipo de aviso previo ni compensación. Los responsables del régimen declararon que dichos esfuerzos se enmarcaban en el contexto de los proyectos de desarrollo urbanístico para acabar con las viviendas ilegales en la zona, según un informe de Human Rights Watch [9], que había realizado una investigación sobre las operaciones de demolición sistemática. No obstante, una gran parte de los vecinos de dichas zonas poseían los documentos acreditativos de propiedad de sus inmuebles, lo que implica que solo había una razón detrás de dichas demoliciones, confirmada por el gobernador de Damasco, Husein Makhluf, que dijo en una entrevista en octubre de 2012 que dichas operaciones eran “necesarias para expulsar a los combatientes de la oposición”.

El barrio damasceno de Al-Qabun fue uno de esos barrios, 18 hectáreas del cual fueron destruidas en dos momentos diferentes: la primera en 2012, con el trasfondo de los violentos enfrentamientos entre el régimen y los combatientes de la oposición, y el atroz ataque que lanzaron las fuerzas del régimen contra el barrio, tras el cual logró recuperar el control del mismo. La primera operación de demolición duró 50 días, durante los cuales se destruyeron 1.250 locales comerciales y 650 viviendas en cada una de las cuales residían al menos dos familias. La segunda demolición se produjo en 2013 sin que se hayan podido certificar los detalles.

La organización Human Rights Watch concluyó que era imposible considerar estas operaciones como objetivos legítimos, incluso en un contexto de guerra. Las casas derribadas no eran objetivos militares, no se habían utilizado como refugios para los combatientes ni para planificar ni lanzar ataques, ni para almacenar munición o armas. Estas operaciones de demolición no pueden justificarse más que por razones preventivas o punitivas contra una parte de la población que el régimen consideraba un elemento amenazador, ajeno al tejido más amplio, que debía ser erradicado para imponer la homogeneidad. En resumidas cuentas, el asesinato aquí era el asesinato de los hogares. Hicieron la guerra contra las personas en sus casas y los erradicaron.

Del mismo modo que sucedió en Homs, la hipótesis del urbicidio fue corroborada por el hecho de que el consejo de ministros y las autoridades locales habían identificado partes concretas de Al-Qabun para reconstruirlas en abril de 2018. Esas partes no solo incluían las zonas destruidas de forma arbitraria entre 2012 y 2013, sino que incluían también otras zonas que el régimen había atacado en una nueva serie de operaciones de derribo: cerca de 35 hectáreas a lo largo de la autopista internacional entre 2017 y 2018; es decir, tras el último acuerdo de expulsión de Al-Qabun de mayo de 2017, cuando el barrio había quedado convertido en una ciudad fantasma. Esto constata que estas operaciones de demolición no eran únicamente un instrumento de castigo en la guerra por la imposición de la homogeneidad política, sino también parte de un plan más amplio destinado a preparar el terreno de cara a proyectos de reconstrucción que excluyeran a los propietarios de la tierra.

El régimen había cerrado el barrio por completo tras vaciarlo de su gente. En algunas zonas, todo movimiento quedó prohibido, mientras que se permitía a los habitantes entrar en otras zonas a condición de que entregaran sus carnés de identidad en los puestos de control, de que pagaran la tasa de entrada y de que salieran el mismo día en que habían entrado. Parece que el “código” que clasifica a los barrios entre prohibido y condicionado es variable: las clasificaciones de los barrios van cambiando según ciertas circunstancias que solo conocen los responsables del régimen, los únicos que pueden trabajar en la zona. 

Una mujer que fue expulsada a Idleb de acuerdo con el pacto de Al-Qabun contaba que uno de sus familiares logró entrar en la zona (pagando un soborno) para poder conocer en qué estado estaba su casa -que había dejado en perfectas condiciones y en pie cuando fue expulsada- tras varios meses, y que la casa estaba igual. Al año siguiente, su familiar volvió a entrar por el mismo motivo y, esta vez, se encontró su casa reducida a escombros. La propietaria no había recibido ninguna notificación de derribo ni compensación, a pesar de que su casa no se encontraba entre las viviendas irregulares. En cualquier caso, los responsables del régimen no se escudaron en los proyectos de desarrollo urbanístico para eliminar las viviendas irregulares como habían hecho antes, sino que justificaron las nuevas operaciones de derribo con la necesidad de dinamitar los túneles que los “terroristas” habían dejado en la zona.

En cualquier caso, la cuestión de las viviendas irregulares es en sí misma problemática en la guerra siria [10], pues se ha militarizado y utilizado de forma autoritaria. Las políticas del régimen de cara a estas zonas a comienzos del presente milenio oscilaban entre la “legalización y mejora de las viviendas” y su “desarrollo”; es decir, su derribo y reconstrucción. Sin embargo, según parece, la guerra inclinó la balanza hacia la segunda opción. Nada de legalizaciones en las viviendas irregulares o, más concretamente, en las viviendas irregulares de mayoría suní, que acogieron a la revolución en una de sus etapas y, por tanto, acogieron la mayor parte de la destrucción y las demoliciones.

El asesinato de las infraestructuras: la privación de la ciudad

La guerra por la homogeneidad no es exclusivamente una guerra de destrucción y demolición, sino que también es una guerra de manipulación y reconfiguración de las condiciones de vida. La guerra del pan, el agua, la electricidad y las medicinas, la guerra de las calles, los puntos de control, el asedio y la imposición de formas de movimiento, por medio de las cuales se han modificado las redes de las infraestructuras, las instalaciones y los servicios en las guerras de guerrillas lanzadas por el régimen y a las cuales accedieron las facciones armadas.

Como ejemplo, después de que el régimen tomara el control en 2016, Alepo, la ciudad que se encontraba dividida por las líneas de combate desde 2012, quedó vaciada de dos tercios de sus habitantes, que ascendían a cerca de tres millones antes de la guerra. Durante ese período, se destruyeron cerca de la mitad de sus viviendas y un 80% de sus comercios, según los cálculos de la ONU en 2017. La mayor parte de esta destrucción afectó a lo que pasó a conocerse como Alepo oriental, la sección de la ciudad cuyo control había perdido el régimen, y que en su mayoría estaba compuesta por barrios marginales que habían construido los emigrantes de las zonas rurales, que buscaban en la ciudad mejorar su situación económica. A esos barrios se dirigieron posteriormente los activistas desde las zonas de control del régimen en dicha ciudad.

El vaciado de Alepo de sus habitantes no fue un asunto arbitrario. En primer lugar, se centró en la parte de la ciudad que incluía los sectores económicos y políticos no deseados; y en segundo lugar, fue el resultado de una acción sistemática que no se limitó a la destrucción arbitraria de los edificios de las zonas rebeldes, sino que el objetivo fueron las instalaciones, los servicios y las infraestructuras.

Las zonas que controlaba el régimen (llamadas Alepo occidental) no superaban el 35% de los barrios de la ciudad a comienzos de 2014. Sin embargo, la ciudad contenía más de 1.450 puestos de control[11], 1.050 de los cuales aproximadamente pertenecían al régimen, y que estaban distribuidos a lo largo de las líneas de combate y en el corazón de las zonas bajo su control en los barrios residenciales. Controles fijos y controles móviles que no se utilizaban simplemente como forma de imposición de las fronteras del régimen militarmente, sino que se usaban principalmente para filtrar el movimiento en las zonas bajo su control en busca de identidades con adscripciones “amenazadoras” o “no homogéneas”, y así erradicarlas. En el otro lado, los 400 puestos de control de las facciones opositoras se centraban fundamentalmente en las líneas de los frentes y las líneas de suministro principales, y no en los barrios residenciales.

Las facciones opositoras adaptaron las calles de Alepo como arma en su guerra contra el régimen también. El ejemplo más claro tal vez sea el corte de la línea principal de suministro de los barrios de Alepo occidental después de que las facciones lograran tomar el control de Khanaser entre agosto y octubre de 2013. El precio de una bolsa de pan en Alepo occidental llegó a ser de 150 libras en aquel momento, aunque después volvió a estabilizarse en 15, tras una campaña militar del régimen en octubre cuyo objetivo era romper lo que llamó “el asedio”. En ese momento, la bolsa de pan en Alepo oriental costaba cinco veces más.

En contrapartida, la mitad de las panaderías de Alepo oriental quedaron paralizadas a comienzos de 2014. La mayoría había sido destruida sistemáticamente por los bombardeos del régimen. Mientras, en Alepo occidental, ninguna panadería dejó de funcionar debido a la guerra. Alepo oriental presenció las matanzas de las colas del pan que certificó Human Rights Watch [12]. Uno de los trabajadores de un obrador en Bab al-Hadid narró en el informe de la organización que el 21 de agosto de 2012 uno de los helicópteros del régimen estuvo durante horas sobrevolando la zona hacia la hora de apertura de tarde de la panadería. Había más de 200 personas haciendo fila cuando el helicóptero lanzó su proyectil cerca del horno, dejando decenas de cadáveres cubiertos de harina y polvo.

Alepo oriental, en aquel entonces, no sumaba más que unas 6 horas diarias de electricidad, tanto en los barrios cuyas redes de suministro eléctrico habían sido dañadas, como en los que permanecían en buenas condiciones. También se atacaron de forma sistemática y recurrente los puntos médicos de Alepo oriental [13], hasta que no quedaron más que 24 hospitales o centros, según las cifras de la ONU en agosto de 2016, de los cuales diez estaban cerrados, sin ningún médico trabajando en ellos. A finales de 2016, Alepo oriental fue vaciada de su población, que había sido privada de los medios de vida hasta que no quedaron más que 325.000 personas. Esos fueron los que presenciaron el asfixiante asedio y se enfrentaron a la más virulenta campaña militar, antes de que el régimen “se reconciliara” con ellos y los expulsara obligatoriamente en largas filas de autobuses verdes que observamos durante días, quedando Alepo como monopolio de aquellos que el régimen consideraba parte de la Siria homogénea.

Las operaciones de rehabilitación comenzaron en Alepo. La ONU hizo una lista de las zonas que se consideraban prioritarias para iniciar los trabajos, a fin de asegurar el retorno de los desplazados; sin embargo, el régimen la boicoteó con sus propias listas de lo que él consideraba zonas prioritarias. Se delimitaron finalmente 8 zonas, en 3 de las cuales la ONU comenzó a trabajar en un proyecto piloto. Las declaraciones de la ONU sobre el progreso de los trabajos durante 2017 constatan que todos los trabajos de mantenimiento de las escuelas, centros médicos y centros de servicios se centraban en barrios ubicados exclusivamente en Alepo occidental [14].

El asesinato de la tierra y la ley: la guerra de la reconstrucción

Las declaraciones de la UE y EEUU [15] fueron claras en lo que respecta a que no se financiaría la reconstrucción de Siria hasta que se produjera una “verdadera transición política” bajo el auspicio de la ONU. Sin embargo, parece que al régimen, al menos en la actualidad, le son indiferentes estas declaraciones, pues ha comenzado con la reconstrucción.

El régimen se puso un objetivo sencillo al principio: los barrios marginales y las viviendas irregulares, donde no servirían las alegaciones sobre derechos de propiedad en el contexto de la reconstrucción. Proyectos que se formulan bajo lemas de desarrollo urbanístico, y se venden como una reconstrucción del país con una fachada modernizadora internacional, con múltiples torres, zonas verdes, masas de agua e imágenes de niños sonrientes sobre los hombros de sus familiares, que también sonríen y se muestran tranquilos. Son rostros que no se asemejan necesariamente a los rostros agotados, desconcertados o cubiertos de polvo que han visto los asesinatos. Son los rostros de las personas que vivirán, finalmente, en guetos urbanos, verdes, resplandecientes, que no se parecen a lo que hay al otro lado de sus muros: calles abarrotadas y áridas, llenas de edificios ruinosos, grises y feos.

Marota City [16], o “la ciudad de la soberanía” en siriaco, es una denominación inteligente elegida por el régimen “protector de las minorías” para su primer proyecto de reconstrucción por medio del cual volverá a implantar su “soberanía” sobre las “zonas de disturbios”. El propio Bashar al-Asad puso la primera piedra, poniendo así la piedra fundacional de la cara urbanística de su Siria homogénea.

Marota City es un proyecto que se está desarrollando en el centro de Damasco, sobre los jardines Al-Razi, la zona de viviendas irregulares que un día se levantó en revolución contra el régimen, aunque nunca salió del todo de su control. La zona está junto a las embajadas sitas en Damasco, los ministerios, la universidad y los barrios residenciales y comerciales “de lujo”. Los jardines Al-Razi eran una de las dos zonas que señalaba el decreto de 2012, que sentó las bases y las normas jurídicas y financieras para expropiar las viviendas irregulares con el fin de desarrollarlas por medio de inversiones inmobiliarias privadas. Las viviendas fueron evacuadas de forma obligatoria y después derruidas, mientras que su gente solo recibió promesas de alojamientos temporales y frugales compensaciones que apenas cubrían los gastos de alquiler durante unos meses en el mercado inmobiliario de Damasco en constante inflación. Además, las complejas y estrictas condiciones de alquiler hacían de la vuelta a su tierra (que se convertiría en Marota City) algo prácticamente imposible, ya que los gastos de dicho retorno a las torres allí edificadas no podrían sufragarlos más que la “élite” económica del país y los dueños de grandes capitales.

El decreto 66 que comenzaba con dos zonas y después pasó a incluir todas las provincias sirias, convertía a los propietarios de los inmuebles en propietarios de acciones de copropiedad de las fincas asignadas según los nuevos proyectos urbanísticos. 

Los bienes inmuebles se valoran según su estado actual en forma de acciones, sin que la valoración tenga en cuenta el aumento del valor de los inmuebles debido a la especulación resultante de los proyectos de desarrollo urbanístico. Después se valoran las fincas asignadas según los nuevos proyectos y se distribuyen por cupos de acciones de copropiedad entre los derechohabientes en la zona concreta. El decreto permite a los propietarios de las acciones realizar acciones de compraventa entre ellos o con terceros, en su totalidad o en parte, según tres opciones: que se les adjudiquen las parcelas, que participen en la fundación de una sociedad anónima de conformidad con la ley de sociedades en vigor o la ley de desarrollo e inversión inmobiliaria para la construcción, venta e inversión en las parcelas, o que vendan sus acciones en una subasta pública. La tercera opción es a la que se someten quienes no han logrado que se les autorice a escoger las opciones uno y dos, según “decisiones firmes” que adoptan “las autoridades competentes” para garantizar “los intereses de los accionistas”.

Debido a que el valor de las nuevas parcelas del gran proyecto Marota será varias veces superior al valor de los inmuebles de las actuales viviendas que se encuentran en un estado deplorable en los jardines Al-Razi, las cuotas que correspondan a los derechohabientes en este proyecto no serán suficientes para regresar a una vivienda digna allí. No volverá a las viviendas de “la tierra de la soberanía” más que quien pueda pagar el precio de dicho retorno y se mimetice con su identidad neoliberal modernizadora por la que se caracterizará la Siria homogénea.

El régimen, por tanto, ha comenzado la reconstrucción según lo dispuesto en el decreto 66 para abordar la cuestión de las zonas de viviendas irregulares, mientras que se formulan leyes que darán el marco normativo a las operaciones de continuación de las demoliciones de las zonas que no son irregulares, y su reconstrucción sin que los derechos de sus propietarios tengan valor alguno.
Es cierto que la ley no dispone de instituciones que la protejan en Siria, pero el régimen ha sido meridianamente claro en su batalla por su reinvención local e internacional: reconstruirá la Siria homogénea “según la ley”. Una ley arbitraria, injusta, politizada, al servicio de su interés y el de sus secuaces. ¡No importa, siempre que sea una ley!

Y así, desde 2012, cuando seguíamos en gran medida sumidos en la estupefacción que nos generaron las matanzas que se cometían contra nosotros con cuchillos, machetes, artillería, barriles, buldócer y dinamita, se nos pasó fijarnos en las matanzas que se cometerían contra nosotros por medio de leyes que se promulgarían una tras otra en silencio. Leyes que garantizarían que no habría lugar alguno para nosotros -nosotros los iracundos que nos rebelamos contra el sistema político y militar del régimen, o los que no tenemos rostros sonrientes y tranquilos que puedan aparecer en la propaganda de los guetos civilizatorios modernos, ni las cuentas bancarias o las inversiones que pudieran pagar el precio de vivir en dichos guetos-, no hay ningún lugar para nosotros en Siria que se está creando para ser una Siria homogénea. Se nos ha pasado el urbicidio al que estamos siendo sometidos.

Antes del decreto 66, se había promulgado la ley 63/2012 para expropiar “las propiedades de los terroristas”. Esta ley adopta el concepto de terrorismo según la interpretación del régimen, y criminaliza por tanto a un amplio sector de su oposición política, sus allegados y sus conocidos y permite arrebatarles sus propiedades inmobiliarias.

Después, llegó el decreto legislativo 19/2015, que permite a los consejos de administración local la creación de holdings de sociedades anónimas privadas, que gestionan las propiedades de los consejos inmobiliarios sin impuestos. De conformidad con esta ley, se fundó en 2016 la sociedad anónima Dimashq al-Sham, con un valor de 60 mil millones de libras sirias y bajo la dirección del gobernador de Damasco, Adil al-Olabi. Dimashq al-Sham S.A. dirige hoy el proyecto Marota City por medio de varias empresas que han sido concertadas con otras, propiedad de los más famosos capitalistas de Siria, como Rami Makhluf, Samer Foz y Mazen Terzi, con un capital total de 380 mil millones de libras sirias.

Seguidamente, llegó el decreto legislativo 11/2016, que paralizó la actividad en los registros de la propiedad cerrados por la guerra, incluidos aquellos situados en las zonas fuera del control del régimen, convirtiendo toda transacción inmobiliaria en dichas zonas durante todos estos años en proyectos irregulares. Posteriormente, llegó el decreto legislativo 12/2016, que ordenaba la digitalización de los registros de la propiedad según unos requisitos procesales muy rígidos para certificar los derechos de propiedad que serían digitalizados. Ello privaba a quienes habían perdido sus escrituras bajo los escombros de sus casas o durante sus repetidos desplazamientos de su derecho a acreditar que eran propietarios. Por otra parte, dificultaba a otro gran sector de la población que no podía llegar a las instituciones del régimen el registro de sus propiedades, aunque no hubieran perdido la documentación acreditativa.

En 2018, llegó el decreto 3/2018, que obligaba a retirar los escombros de las viviendas destruidas, o las que era necesario derribar según las clasificaciones del régimen, incluidos todos sus enseres, muebles, recuerdos, restos humanos y cadáveres, también según unos trámites rígidos que dificultaban que la gente pudiera acreditar sus propiedades y protestar, o reunir sus pertenencias que yacían bajo los escombros.

El último y más complejo y problemático de todas estas leyes es la ley 10/2018, que fue modificada posteriormente por la ley 42/2018, mediante la cual, comenzaron a declararse una zona tras otra como zonas de reconstrucción a las que se sumarían todos los decretos y leyes anteriores para iniciar nuevos proyectos del estilo de Marota. La ley número 10 se considera una aplicación sistemática del decreto 66 fuera de las zonas de viviendas irregulares, dado que permite a las unidades de administración local escoger las zonas que considere oportunas para iniciar proyectos de reconstrucción según condiciones firmes de tramitación, que exigen a los propietarios de estas zonas y quienes se encuentran en régimen de alquiler acreditar sus derechos inmobiliarios. En caso de no hacerlo, dichas propiedades pasarán a ser propiedad de las unidades administrativas, que podrán disponer de ellas sin necesidad de compensación.

A simple vista, puede parecer que todas estas leyes y legislaciones no merecen todo el ruido que estamos intentando hacer en relación con ellas, pues no difieren demasiado de muchas otras legislaciones que se formulan en la mayor parte de los países, tanto en vías de desarrollo, como desarrollados, para ejecutar los proyectos de lo que se conoce como gentrificación. Dicho proceso consiste en sustituir una clase por otra “más alta” por medio de proyectos de desarrollo urbanístico neoliberal que exigen cambiar la identidad urbanística y cultural de la zona.

Sin embargo, con la situación política, social, económica y territorial en Siria, estas leyes van más allá de ser una mera estructura de trabajo para los proyectos de desarrollo urbanístico neoliberal que llevan a la gentrificación.

La estructura legislativa diseñada para organizar los proyectos de reconstrucción en Siria exigen medidas ejecutivas complejas, que requieren, en el mejor de los casos, que los concernidos se presenten personalmente ante las instituciones del régimen, o lo hagan a través de uno de sus parientes o un apoderado, para acreditar sus propiedades amenazadas, según lo estipulado en estas leyes, por medio de documentos acreditativos legales reconocidos. Todo ello en períodos de tiempo muy limitados. Esto plantea dos problemáticas principales.

La primera es que 11 millones de sirios son hoy refugiados o desplazados internos que no pueden presentarse para acreditar sus propiedades según las condiciones impuestas por razones puramente logísticas: solo el 9% de ellos tienen la documentación acreditativa oficial [17] que les faculta para personarse y acreditar sus propiedades. Además, la mayoría de los exiliados desde las zonas que salieron de control del régimen (que son las que más han sufrido la destrucción y las que estarán incluidas en mayor medida en los proyectos de reconstrucción) no podrán conseguir, casi con total seguridad, los permisos de seguridad para completar la acreditación de sus propiedades. Añádanse cientos de miles de detenidos, secuestrados y desaparecidos forzosos en las cárceles, que no podrán presentarse, ni personalmente, ni por medio de familiares o apoderados. Por tanto, la situación política y de seguridad en el país hace de todas estas leyes un medio claro para despojar a cerca de la mitad de la población de Siria de sus propiedades de forma “legal”, por puras razones logísticas.

La segunda problemática que se plantea es que todas estas leyes abordan el tema de los derechos en los proyectos de reconstrucción según el binomio irregular/regular; es decir, que parten principalmente de un concepto tradicional que no da importancia alguna a los sistemas de propiedad consuetudinarios locales al tratar el tema de los derechos de propiedad. Tan solo cerca de la mitad de las tierras sirias estaba registrada antes de la guerra, y ello sin tener en cuenta que la paralización de la actividad en una parte importante de los registros de la propiedad solo ha empeorado las cosas.

Además de todo ello, el concepto de las viviendas irregulares es espinoso en el contexto sirio, que suele evaluarse según las normas de construcción y las bases de planificación que imponen los sistemas de planificación oficiales, además del tema de los documentos de propiedad. Es decir, que una gran parte de quienes son considerados habitantes de zonas irregulares tienen en realidad documentos acreditativos de la propiedad de sus tierras, pero no necesariamente de sus viviendas, que se construyeron sin licencia o en contra de las normas de construcción y los usos de las tierras.

Desde esta perspectiva, no se puede abordar el fenómeno de las zonas irregulares y las construcciones ilegales según las políticas urbanísticas tradicionales de las instituciones oficiales de planificación en Siria, que en sí mismas, suponían un estímulo para el desarrollo de este fenómeno al ser políticas rígidas, según normas y bases que no podían amoldarse a las necesidades urbanísticas de la gente ni incluir los cambios en la situación, como el aumento de la presión demográfica y las operaciones aceleradas de urbanización. Por tanto, abordar al tema de los derechos en las operaciones de reconstrucción desde la perspectiva obtusa del concepto de viviendas irregulares privará a un amplio sector de la población de sus derechos sobre sus tierras y viviendas.

A tenor de lo comentado anteriormente, puede decirse que la estructura legislativa que el régimen ha promulgado para regular las operaciones de reconstrucción es una estructura excluyente, discriminatoria e injusta, que pretende legitimar las violaciones y prácticas urbanísticas injustas que el régimen ha realizado en múltiples matanzas urbanísticas. Y además constituye el paso más preciso en su estrategia sistemática de diseñar una Siria homogénea, basada en sus intereses políticos y económicos. La Siria en la que ganan los hombres de negocios de su red, que estrechan sus manos ante la planificación de proyectos, mientras se borra a miles de personas de los mapas y se reciclan los escombros de sus casas en acuerdos inmobiliarios que fundan una nueva geografía.

[1] La noticia está disponible en inglés aquí. 
[2] Para más información, puede consultarse este enlace, en inglés.
[3] Artículo disponible aquí, en inglés.
[4] Más sobre él aquí.
[5] Aquípuede leerse el artículo completo, en inglés.
[6] Aquípuede leerse un artículo sobre dicho proyecto, en inglés.
[7] Véase este enlacepara más información, en inglés.
[8] Véase este enlacepara más información, en inglés.
[9] Disponible aquí, en inglés.
[10] Sobre este tema puede consultarseeste artículo, en inglés.
[11] Aquípuede leerse toda la información, en inglés.
[12] Este vídeolo explica, en inglés.
[13] Aquípuede leerse más sobre el asunto, en inglés.
[14] Puede leerse esta noticiaen inglés para ampliar la información.
[15] Disponibles aquí.
[16] En su página oficial en árabepueden verse algunas de las imágenes del proyecto. 
[17] Como se puede leer aquí, en inglés.